La concesión garantiza la sostenibilidad social y financiera del servicio
Que las empresas (públicas o privadas) obtengan un legítimo beneficio garantiza la sostenibilidad social y financiera del servicio. Además, Aqualia se implica y participa en iniciativas sociales, culturales y formativas de las comunidades en las que está presente.
Las inversiones y mejoras realizadas por el operador revierten en los municipios y en sus ciudadanos
Las condiciones en que se presta la gestión del ciclo integral del agua quedan definidas en el contrato de concesión. En él, la Administración, titular del servicio (ayuntamiento o Mancomunidad) fija los términos económico-administrativos, el periodo de la concesión, así como los deberes y límites del concesionario.
El procedimiento de concesión garantiza la publicidad, la transparencia y la concurrencia competitiva para presentar la mejor oferta, lo que beneficia al municipio y al ciudadano. Este proceso finaliza cuando la Mesa de Contratación, compuesta por funcionarios y políticos, elige la propuesta mejor valorada y que se ajusta al pliego de condiciones.
Que las empresas (públicas o privadas) obtengan un legítimo beneficio garantiza la sosteniblidad social y financiera del servicio
La experiencia en España ha demostrado que con la colaboración público-privada se llevan a cabo proyectos en un menor espacio de tiempo y con ahorros de coste considerables aprovechando los conocimientos técnicos y la experiencia de las empresas especializadas.
Los operadores no solo facturan por un servicio, aportan un valor añadido que se traduce en:
El sector del agua en España cuenta con empresas que están consideradas entre las líderes mundiales. Tecnológicamente avanzadas, invierten en programas de I+D+i y prestan un servicio excelente. Sus proyectos captan fondos destinados a la investigación que se invierten en esas localidades y aumentan la eficiencia y sostenibilidad del servicio.
Los operadores destinan un 12,5% de la facturación a inversión en nuevas infraestructuras o equipamientos (*)
Las empresas no se limitan a facturar por la prestación de un servicio. La presencia del operador privado en la gestión de un bien público como es el agua garantiza, en todos los municipios, sobre todo en los más pequeños, un nivel de calidad similar al de una gran ciudad. Estas compañías ponen a su servicio infraestructuras, equipamientos y tecnologías que, de otra manera, para ellos serían inasumibles.
Las empresas especializadas desempeñan el rol de eficaces colaboradores de la Administración pública, aportando las soluciones que demandan los ciudadanos y respetando la triple perspectiva de la sostenibilidad: social, financiera y medioambiental.
Fuentes:
(*) XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2016 de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS).